Votar o no votar en la elección judicial
Este domingo 1 de junio se concreta el plan largamente anunciado por el nuevo régimen político: la captura del Poder Judicial mediante la organización de elecciones para que, en teoría, los ciudadanos elijan a quienes impartirán justicia en el país.
En esta entrega quisiera retomar algunas de los argumentos que las y los agoreros del régimen utilizan para llamar al voto este 1 de junio. En Durango y Veracruz, las dos entidades en que habrá elecciones locales, seguramente los niveles de votación para cargos locales en ayuntamientos y congresos estatales estarán en alrededor el 50% del padrón, tal vez un poco más, tal vez un poco menos.
Por razones obvias, en estos estados el nivel de participación de la elección judicial será mayor que en el resto del país.
Las encuestas de intención de voto a nivel nacional de la elección judicial indican que alrededor del 10% del padrón de electores participará en esta elección, lo que hace que las personas electas para impartir justicia sean elegidas por relativamente pocos ciudadanos.
La manipulación de electores en elecciones a puestos de elección popular por parte de partidos políticos (acarreo, por ejemplo) y gobiernos en funciones (amenazas de despidos), y de organizaciones sociales como por ejemplo sindicatos e incluso organizaciones criminales, se ha documentado ya de muchas maneras. Aunque todas estas conductas se encuadren como delitos en la legislación electoral, quienes realizan estas actividades toman todas las precauciones posibles para evitar que existan pruebas fehacientes de estos delitos y en muchas ocasiones evitan los castigos previstos en las leyes. En esta ocasión no será diferente.
Ya circulan los "acordeones" físicos y digitales que "proponen" por quién votar, lo de entrada es ilegal y hace que la contienda sea inequitativa. Las y los ganadores que reciban estos apoyos en algún momento tendrán que responder ante quienes los apoyaron a ganar con votos, en su gran mayoría coaccionados por dirigentes políticos, sociales o del crimen organizado que tienen la capacidad de movilización o de lanzar amenazas creíbles a los electores de determinada zona geográfica.
Los datos finales de la elección, aun guardando reserva (en esta elección no se contarán los votos por ciudadanos, no se inutilizarán boletas no usadas, etc.), servirán para lanzar hipótesis acerca de los apoyos con que contó cada uno de las y los candidatos. Quienes vivan en las zonas aledañas a las casillas en donde se registre un mayor número de votantes a favor de X o Y candidata o candidato muy probablemente tendrán conocimiento de quién o quiénes organizaron la movilización de personas para votar en la elección judicial.
Ante esta situación, estimada lectora, estimado lector, que hacer, votar o no votar en la próxima elección judicial. Si su decisión es votar por X o Y candidata y tiene un criterio formado sobre quién votar, adelante, ejerza su derecho. Si es "invitado" a participar pidiéndole u obligándole que vote por determinados candidatas o candidatos, usted está participando en un esquema ilegal que servirá a quienes lo organizan para controlar a las personas impartidoras de justicia.
Quienes llaman a votar en la elección argumentan que no votar equivale a dejarles el camino libre a los grupos de interés en la elección. Un argumento difícil de defender desde el oficialismo, ya que el principal grupo de interés en esta elección es el régimen mismo. Nos dicen quienes llaman a votar que no se nos olvide que en 2024 la mayoría votó por un cambio de raíz en el poder judicial.
Efectivamente, las y los electores en la elección de 2024 tenían en la agenda de campaña la reforma judicial, pero nunca tuvieron los detalles acerca de su implementación que tienen ahora que ya se aprobó la reforma constitucional, por cierto, mediante prácticas iguales a las usadas de hace cuatro o cinco décadas y, por tanto, igual de reprobables.
Por otro lado, las y los críticos de la elección judicial le aconsejan no hacerlo, argumentando que aquellos que voten terminarán siendo cómplices de la farsa en que se ha convertido la elección judicial.
Lo que el régimen debiera preguntarse es el porqué de la baja intención de voto en esta elección judicial. La baja intención de participación es sólo el reflejo de las causas detrás de la decisión de los ciudadanos de no salir a votar, que pueden ser muchas y muy variadas, desde razones ideológicas hasta el desdén hacia un proceso electoral muy complicado de entender, con muchos candidatos y que ha estado mal implementado.
El régimen político se encuentra ante una paradoja debido al desdén ciudadano hacia esta elección judicial (porqué los niveles de intención de participación son tan bajos si existe un mandato de reforma al poder judicial desde la elección de 2024, porqué son tan bajos si actualmente la aprobación presidencial es muy alta).
Una hipótesis es que la mayoría de las y los electores que apoyaron la continuación del régimen en 2024 perciben que la elección judicial no será la solución a la crisis de justicia que tiene el país, sino que muy posiblemente la agravará, al generar incentivos negativos sobre las personas que ejerzan los cargos de juez (a), magistrado (a) o ministro (a), quienes tendrán que responder a los intereses de quienes los respaldaron con votos. El valor de la independencia judicial pierde su esencia cuando un juzgador (a) le debe favores a alguno de los actores en un caso que tiene que decidir.
X: @jesusmenav