No se puede desdeñar el riesgo
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cimbró sin duda a toda la vida pública de México. Cierto que la violencia política nunca se ha ido del país. Basta recordar el atroz asesinato del alcalde del Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos -43 años- que con apenas 6 días de haber asumido el cargo fue ejecutado y su cuerpo decapitado el pasado 1 de octubre de 2024.
Terrible todo, porque las vidas humanas no tienen diferencia de precio. La realidad es que el crimen de Guzmán y Muñoz cobra mayor relevancia puesto que deja en claro que en este país los ciudadanos estamos en extrema vulnerabilidad. Si al presidente municipal de una capital de estado (en este caso Guerrero) le cortan la cabeza y a la secretaria particular del segundo cargo más poderoso de México, la Jefatura de Gobierno de la capital de la república, la ultiman junto con el jefe asesores de la propia Jefa de Gobierno, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?
El crimen contra Ximena y José fue perpetrado el pasado martes 20 de mayo en un ataque directo en la alcaldía Benito Juárez. Las investigaciones apuntan a una ejecución planeada con un alto grado de sofisticación, lo que sugiere la posible intervención del crimen organizado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha identificado a cuatro sospechosos y ha desplegado operativos en diversas entidades para dar con los responsables.
El hecho contra colaboradores cercanos a figuras de gobierno puede interpretarse como un mensaje de intimidación hacia la administración en curso. Además de que el ataque haya sido ejecutado con precisión y planificación refuerza la hipótesis de que los perpetradores tenían experiencia operativa.
Lo que queda por ahora es tener esperanza que este crimen al menos sea esclarecido y que los responsables sean presentados ante la justicia. Si se logra el castigo que la ley impone para estos casos, tal vez sea un disuasor para que los criminales se lo piensen poco más antes de ordenar o ejecutar la muerte de seres humanos.
Todo este lamentable panorama tiene ahora una alerta para Coahuila. El homicidio de los funcionarios de la Ciudad de México, por su posición geográfica, tiene repercusiones de todo tipo a nivel nacional, pero esto no quiere decir que a la violencia política continúe.
La semana pasada el alcalde de Piedras Negras, el joven Jacobo Rodríguez, recibió amenazas de muerte. Un usuario anónimo publicó mensajes intimidantes en redes sociales, lo que generó alarma entre los asistentes y llevó a un refuerzo inmediato de la seguridad del edil. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación para identificar al responsable, utilizando herramientas de ciberseguridad.
Si bien las amenazas contra Rodríguez no se han materializado en un ataque físico, el riesgo sigue siendo latente. La violencia digital y las amenazas en redes sociales han cobrado relevancia en los últimos años, ya que pueden ser el preludio de agresiones reales. La respuesta del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien aseguró que se pondrá especial atención al caso, refleja la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos.
Existen diferencias claras entre los dos asuntos: mientras que el asesinato de Guzmán y Muñoz representa un ataque directo y planificado, las amenazas contra Rodríguez muestran una forma de intimidación que puede derivar en violencia física. La diferencia radica en la ejecución: el primero fue un crimen consumado, mientras que el segundo es una advertencia que podría escalar.
Además, ciertamente son contextos políticos diferentes. En el caso de Guzmán y Muñoz, el ataque parece estar vinculado a la administración de Clara Brugada y a posibles conflictos con el crimen organizado. En contraste, las amenazas contra Rodríguez podrían estar relacionadas con disputas locales o con actores que buscan desestabilizar su gestión que ciertamente ha sido polémica y de muchas convulsiones con apenas 5 meses en el cargo.
Muy triste lo de los funcionarios capitalinos, pero en cuanto a sus vidas nada se puede hacer. Distinto es el caso de Jacobo, que tiene que entender que debe cuidarse, que no debe desdeñar ese tipo de amenazas y que tiene que destinar recursos para su seguridad. Naturalmente que la vida humana es lo más preciado, pero encima, si se tienen todas las precauciones posibles, es menos probable que un funcionario de Coahuila de cualquier orden de gobierno sea agredido, lo cual sería nefasto para el estado y para México también.